|
¿Software
libre o software propietario?
Este debate,
que hace mucho tiempo que está abierto entre los profesionales,
se ha reavivado en España al conocerse que el Senado está
estudiando la posibilidad de que la Administración pública
utilice software de código abierto.
Y, por primera
vez, se están haciendo las cosas con un poco de racionalidad,
ya que los senadores de la Comisión de Ciencia y Tecnología
han tenido la posibilidad de dialogar, en directo o mediante videoconferencia,
con algunos de los mayores expertos del mundo en la materia para
hacerse una clara idea de las ventajas e inconvenientes que puede
tener la adopción de software libre en contraposición
a la actual tendencia de comprar o alquilar software propietario.
Uno de los entrevistados
fue el conocido Miguel Icaza, un experto mexicano en Linux, quien
defendió la utilización del software de código
abierto en base a los cuatro derechos en que se basa:
1) Derecho de
uso: Cualquiera puede utilizarlo sin necesidad de licencia.
2) Derecho de modificación: Cualquier usuario puede adaptarlo
a sus necesidades.
3) Derecho de copia: Permite la creación legal e ilimitada
de copias, lo que elimina el concepto de piratería informática.
4) Derecho de redistribución: Permite ceder el software y
sus posibles modificaciones a cuantos usuarios se desee.
El concepto
básico en el que Icaza basó su exposición y
la defensa del uso del software abierto fue, además del bajísimo
coste de propiedad que implica en relación al software propietario,
el hecho de que "el conocimiento pertenece a todos" sin reservas
derivadas de la adquisición de licencias, lo que posibilita
que "todos seamos parte de la aplicación".
En la vertiente
opuesta participó el Consejero Delegado de Microsoft Ibérica,
Francisco Román, quien concentró su exposición
en destacar las debilidades que implica el uso de un software de
código abierto, especialmente porque "no hay un sujeto real
responsable del mismo que responda del sistema ahora y en el futuro",
ya que está siendo desarrollado por voluntarios y particulares.
La opinión
del directivo de Microsoft es que el coste del software libre es
más alto porque la mayor complejidad del sistema "exige más
inversión en servicio", resaltando que la libre distribución
de licencias "corre el riesgo de contaminar toda una industria y
hace inviable un modelo de negocio probado que crea valor alrededor
del trabajo realizado y que ha mostrado ser muy efectivo a la hora
de generar riqueza".
El debate continúa
abierto tanto en el Senado como en la sociedad, y si bien es cierto
que para particulares y pequeñas empresas el software de
código abierto sigue siendo poco útil por la carencia
de una amplia oferta de productos y aplicaciones compatibles, también
es verdad que tanto la Administración pública como
las empresas de una cierta dimensión, y no digamos las que
operamos en Internet, requieren habitualmente unas aplicaciones
a medida y mucho más fiables que las que se pueden conseguir
utilizando licencias de software propietario, como puede ser el
de Microsoft.
Pero todavía
hay una razón más que puede pesar considerablemente
en todos los gobiernos europeos, y es que la constante compra de
licencias de uso de software propietario está provocando
un enorme trasvase de pagos hacia Estados Unidos que, previsiblemente,
las autoridades europeas querrán cortar, no sólo por
sus consecuencias económicas, sino por evitar la concentración
de mercado y la tendencia al monopolio que este hecho supone.
Por eso, la
inevitable pregunta que surge ante esta situación es: ¿no
sería más coherente que el dinero que actualmente
se invierte en pagar licencias a una empresa privada se utilizase
para financiar proyectos de investigación en universidades
e instituciones públicas que permitieran crear una industria
fabricante de software de código abierto para el uso gratuito
de todos los europeos?
|
