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EL
GOBIERNO ESPAÑOL APRUEBA LA POLÉMICA LSSI
Nunca un proyecto
de ley en España había suscitado tanta polémica
como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico, más conocida como LSSI.
Una señal evidente de que la sociedad española es
consciente de lo que se juega en este envite.
Desde el primer
borrador publicado por el gobierno, que levantó una oleada
de críticas y movilizó a miles de personas, tanto
ciberemprendedores como internautas, hasta este último que
se ha aprobado el pasado viernes, se han introducido considerables
mejoras en el proyecto de ley. La pregunta es, ¿son suficientes?
Probablemente
no, pues aún son muchos los interrogantes que siguen sin
respuesta. Y aunque todavía queda el trámite parlamentario
del Congreso y el Senado, en el que la LSSI puede sufrir considerables
mejoras, al día de hoy tenemos que seguir cuestionándonos
la bondad de un proyecto que sigue sin convencer a nadie. No podemos
olvidar que la prestigiosa revista norteamericana "Wired" aseguraba
hace menos de un año, cuando se publicó el primer
borrador de la ley, que "si se aprueba la LSSI en España,
la libertad de expresión se pondrá a la altura de
Arabia Saudí o China".
Los puntos más
polémicos de la LSSI son estos:
1) ¿Realmente
se necesita una ley para Internet?
Dicen en las
Facultades de Periodismo que "la mejor ley de prensa es la que no
existe". Y eso mismo sería aplicable a la red. Sin embargo,
dado que laComisión Europea aprobó una directiva para
que los países miembros regularan el comercio electrónico,
la existencia de la ley se hace inevitable.
El problema
es que cada estado regulará las actividades dentro de sus
propias fronteras, y todos sabemos que en Internet eso significa
que en la mayoría de las casos la ley no podrá aplicarse.
2) ¿Qué
debe regular?
En su origen,
el mandato de la Comisión Europea era regular el comercio
electrónico. Sin embargo, la LSSI se inmiscuye en un montón
de cosas más, como en el caso más polémico
de los suministradores de información. Y aun cuando en la
ley se dice que las páginas personales sin ánimo de
lucro quedan fuera de su ámbito, en cuanto se coloque en
ellas un banner pagado o el propietario se suscriba a un programa
de afiliación, ya queda sujeto a lo dispuesto en la ley.
Con lo cual, en la práctica, absolutamente todas las webs
estarán reguladas por la LSSI.
3) ¿Quién
tiene potestad para cerrar una web?
Este ha sido,
sin duda, el punto más discutido, ya que en el primer borrador
se atribuía "al órgano competente de la Administración",
pero sin especificar cuál, la capacidad para tomar medidas
cautelares, como el cierre de una web española o el bloqueo
en servidores españoles de webs extranjeras.
Afortunadamente,
parece que se ha impuesto la razón y esa capacidad recaerá
en los jueces.
4) ¿Por
qué no se discriminan las sanciones?
Un ejemplo de
la escasa elaboración de la ley es que las sanciones, que
pueden llegar hasta los 600.000 euros (100 millones de pesetas),
se aplican indiscriminadamente, sin tomar en consideración
la capacidad de la empresa sancionada.
No hace falta
ser un Premio Nobel para comprender que esa sanción significa
la desaparición de una empresa pequeña, en tanto que
para empresas como Telefónica o El Corte Inglés, por
ejemplo, no sería más que una anécdota que
apenas tendría repercusión en su cuenta de resultados.
5) ¿La
regulación del "spam" resuelve el problema?
A pesar de
las presiones que han ejercido muchas empresas y organizaciones,
como la Asociación Española de Comercio Electrónico,
finalmente se ha impuesto la opinión de los usuarios de considerar
ilegal el envío masivo por e-mail de mensajes publicitarios
no solicitados. Sin embargo, esto, que a priori es bueno, no resuelve
en absoluto el problema, ya que las empresas españolas tendrán
que abstenerse de realizar esos envíos, pero los usuarios
españoles seguirán siendo abrumados por la avalancha
de spam que nos llega diariamente desde servidores ubicados en países
que no castigan esa práctica.
Ahora sólo
nos queda esperar y ver cómo se comportan los diferentes
grupos políticos en las Cámaras durante la tramitación
del proyecto de ley, y si son capaces de seguir mejorando una ley
que puede ser determinante para el futuro económico de España.
Sin embargo,
no podemos por menos de sentirnos preocupados dado el desconocimiento
generalizado que tienen sus señorías respecto a la
realidad de las Tecnologías de la Información y el
comercio electrónico. ¿Sería mucho pedir que
se dejaran aconsejar por expertos imparciales?
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